La atribución de las investigaciones penales a los fiscales o algunos cambios polémicos, como los que afectan a la acusación popular o al Estatudo del Minsterio Fiscal, son las principales modificaciones de la ley de Enjuiciamiento criminal, a la cual el Gobierno ha dado luz verde. Una reforma, que el Ejecutivo calcula que entrará en vigor en 2028 tras completar su trámite parlamentario. Nuestra letrada de cabecera, Beatriz Cabrero, nos trae en el «Hecho y Derecho» de esta semana las claves más destacadas de este asunto, que desde hace unos días está de plena actualidad.
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