En los últimos años se habla mucho de “orgullo rural”. Se repite en discursos, campañas y fotografías. Pero el verdadero compromiso con el medio rural no se demuestra con eslóganes. Se demuestra tomando decisiones que permitan a la gente seguir viviendo en nuestros pueblos con dignidad y con los mismos derechos que cualquier ciudadano de una capital.
Y eso pasa, inevitablemente, por mantener servicios.
El debate vivido estos días en torno a las Oficinas Liquidadoras ubicadas en los Registros de la Propiedad no va solo de un modelo administrativo o de quién presta un determinado servicio. Va de algo mucho más importante: de qué tipo de territorio queremos ser.
Porque en provincias como Huesca, con una enorme dispersión geográfica, una población envejecida y dificultades reales de acceso digital en muchos municipios, eliminar servicios de proximidad nunca es una buena noticia.
Las Oficinas Liquidadoras llevan décadas resolviendo trámites complejos cerca de la ciudadanía. Y conviene decirlo claro: no son una simple ventanilla para recoger papeles. Son oficinas especializadas que asesoran, revisan expedientes, realizan control tributario y ayudan a muchas personas que difícilmente podrían resolver estos procedimientos sin atención presencial.
Quien vive en un pueblo sabe perfectamente de qué hablamos. Personas mayores que necesitan ayuda. Familias que atraviesan herencias o transmisiones complicadas. Vecinos que necesitan que alguien les explique las cosas cara a cara y no una pantalla o un teléfono automático.
Por eso resulta difícil entender que se quiera vender como una mejora la creación de más oficinas que, en realidad, solo actuarán como simples buzones administrativos. Más ventanillas no significan más servicio. Recoger documentación no es sustituir un modelo especializado de gestión tributaria. Lo que hoy funciona desde la cercanía se convierte en más trámites, más distancia y más problemas para el ciudadano.
Y además hay otra realidad de la que apenas se habla: el empleo y el arraigo.
Estas oficinas sostienen puestos de trabajo cualificados en el medio rural. Personas formadas, con experiencia y vinculadas al territorio. Cuando un servicio desaparece, no solo perdemos atención cercana. También perdemos actividad económica y oportunidades para fijar población.
Pero hay algo más preocupante todavía: muchas pequeñas oficinas de Registro podrían ver comprometida su propia continuidad si desaparecen las Oficinas Liquidadoras. Y eso significa menos presencia institucional, menos estabilidad y menos arraigo profesional en municipios pequeños, donde bastante difícil resulta ya mantener determinados servicios y cubrir determinadas plazas.
Luego nos preguntamos por qué los pueblos pierden habitantes.
También sorprende escuchar que este modelo está “superado”, cuando comunidades como Madrid siguen renovando convenios con los Registradores de la Propiedad para mantener estas oficinas. O cuando los propios datos muestran que funcionan con niveles de eficacia y tiempos de resolución muy superiores a los de la propia Administración.
Porque los datos son demoledores: las Oficinas Liquidadoras tramitan expedientes en alrededor de 2 meses. Mientras tanto, determinados expedientes gestionados directamente por la Administración pueden demorarse más de 20 meses… e incluso superar los 100 meses en algunos impuestos.
Y esto no es un detalle menor.
Porque los impuestos también caducan. Y cuando una administración no tramita a tiempo, el dinero deja de ingresar en las arcas públicas. Dinero que después falta para financiar servicios públicos, inversiones o políticas de apoyo al territorio. De hecho, otras comunidades autónomas que intentaron desmontar este modelo terminaron acumulando expedientes caducados y tuvieron que rectificar.
Y además conviene desmontar otro argumento: el económico.
Porque las Oficinas Liquidadoras no solo funcionan, sino que prácticamente se autofinancian. Generan ingresos, agilizan expedientes y reducen costes administrativos gracias a su labor de control y comprobación tributaria.
Por eso surge una pregunta bastante sencilla: si desaparecen estas oficinas, ¿Quién va a hacer el trabajo de las 47 personas que hoy están dedicadas exclusivamente a ello?
¿Van a contratar a otras 47 personas nuevas? ¿Con qué tipo de formación? ¿O es que resulta que había ya 47 trabajadores públicos sin carga de trabajo suficiente para asumir expedientes complejos de derecho tributario?
Porque hablamos de procedimientos especializados, no de sellar documentos.
Y ahí es donde aparece la sensación de que nunca hubo una verdadera voluntad de negociar.
Porque si el problema era económico, ¿de verdad no había margen para revisar condiciones, renegociar el sistema o buscar fórmulas de mejora? Cuesta creer que en una Administración pública no exista capacidad para sentarse a hablar cuando está en juego un servicio que afecta directamente al equilibrio territorial.
Pero esa voluntad no se ha visto.
Y mientras tanto, otra vez el medio rural pierde.
También sorprende escuchar que cualquier crítica se despache rápidamente tachando de “alarmistas” a quienes defendemos estos servicios. Porque, sinceramente, en esta tierra ya hemos visto demasiadas veces cómo primero se niega el problema… y después llegan los recortes.
Pasó con otros servicios y muchos vecinos lo recuerdan perfectamente.
La cuestión de fondo es muy sencilla: defender el medio rural exige algo más que palabras bonitas. Exige voluntad política. Exige gobernar pensando en el territorio y no solo desde un despacho.
Porque cada vez que desaparece un servicio en un pueblo, se rompe un poco más el vínculo entre las instituciones y quienes todavía resisten viviendo allí. Y el mensaje que termina llegando es muy claro: vivir aquí vale cada vez menos.
Y así no se vertebra un territorio.
La política del Alto Aragón debe hacerse desde los pueblos y para los pueblos. Todo lo demás son discursos vacíos.
María Clusa. Alcaldesa de Fonz y Diputada Provincial.
