La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) presentaba un escrito de alegaciones contra el proyecto de línea aérea de alta tensión (LAAT) previsto para dar suministro eléctrico a la plataforma logística La Melusa-Tamarite, al considerar que su trazado, de casi 22 kilómetros, “supone una afección muy significativa a la actividad agraria de la comarca de La Litera”, indica Óscar Moret, secretario provincial de UAGA-Huesca.
El proyecto de 132 kV y 4 circuitos, promovido por Ponentia Logistics, empresa promotora de la plataforma, y sometido a información pública por el Servicio Provincial de Huesca (expediente HU-SP-ENE-AT-2026-024), discurre por los términos municipales de Tamarite de Litera, Altorricón, Alcampell, Albelda y Castillonroy, afectando, según los propios datos del promotor, a un total de 290 parcelas rústicas. “Las servidumbres asociadas superan las 70 hectáreas de suelo mayoritariamente agrícola sometidas a limitaciones permanentes de uso, entre ellas restricciones a la plantación de arbolado de porte alto y a determinadas labores y maquinaria agrícola en las proximidades de los 75 apoyos metálicos de celosía proyectados”, señala Moret.
Entre los puntos más críticos, UAGA-COAG señala que el trazado cruza el Canal de Aragón y Cataluña, infraestructura de riego de la que dependen numerosas explotaciones de la comarca, sin que el estudio de impacto ambiental incluya, a juicio de la organización, una valoración suficiente de los riesgos para su integridad durante la construcción ni de las medidas preventivas previstas. La organización agraria cuestiona, además, que se solicite la Declaración de Utilidad Pública (con la consiguiente posibilidad de expropiación forzosa u ocupación urgente) sin que conste una justificación individualizada de por qué el trazado propuesto constituye la alternativa de menor afección posible al suelo agrícola, tal y como exige el artículo 33 de la Constitución. Por ello, reclama que se exija al promotor acreditar las alternativas de trazado estudiadas antes de resolver sobre dicha declaración. “Una afección de esta magnitud sobre la principal actividad económica del territorio exige que el promotor justifique, parcela por parcela y alternativa por alternativa, por qué este es el trazado de menor impacto posible, y que se garantice que la campaña de riego no se vea comprometida durante las obras”, incide Óscar Moret, desde UAGA-Huesca.
UAGA-COAG advierte también de que esta línea no puede evaluarse de forma aislada del resto de infraestructuras energéticas vinculadas a la misma plataforma logística, entre ellas una planta fotovoltaica de 47,5 MW recientemente anunciada como modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). La organización pide que se valoren los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto del complejo industrial y energético, sin fraccionar artificialmente su evaluación ambiental en expedientes independientes. Por último, la organización solicita ser informada del calendario y el procedimiento previstos para la negociación de servidumbres e indemnizaciones con los titulares de las 290 parcelas afectadas, con el fin de poder prestar asesoramiento técnico a las personas afiliadas y al conjunto de las explotaciones agrarias afectadas.
