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Monzón

La HEGA denuncia la vulneración del derecho de manifestación

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La plataforma HEGA (Huesca Es Ganadería y Agricultura) señala al Gobierno de España, a través de la subdelegación en Huesca, como responsable de la denegación de las movilizaciones que tenían programadas para los próximos días: “En el día de ayer, 22 de febrero, algunos compañeros de HEGA y otros agricultores afines realizamos correctamente las solicitudes de marchas lentas con tractores desde distintos municipios de la provincia por carreteras nacionales, sin realizar paradas y sin entrar en las ciudades. Tan solo unas horas después hemos recibido la resolución dictada por la subdelegación del Gobierno en Huesca que prohibía su desarrollo, una resolución totalmente carente de fundamento y fuera de legalidad”, señala la nota de la plataforma. Según la misma nota, “la solicitud fue realizada con 5 días de antelación, siendo declarada urgente, para poder unirnos a las otras convocatorias realizadas por nuestros compañeros de Cataluña, no habiendo podido realizarla antes por no conocer las convocatorias de otras plataformas”. En su respuesta, la subdelegación, según la HEGA, deniega la marcha por defecto de tiempo, “al no estar solicitada dentro del plazo legalmente establecido, es decir entre 10 y 30 días previos, lo cual les imposibilita ejercer la finalidad preventiva que tienen encomendada para ponderar o valorar si el ejercicio del derecho repercutiría en la seguridad ciudadana”.

HEGA señala que el Gobierno se aprovecha de lafalta de conocimiento legal por parte de la platafaroma, “y nos intenta desgastar con el uso de la burocracia. No queremos que un juzgado nos de la razón, no tenemos ni tiempo ni ganas de perder el tiempo. Además de tener que luchar por nuestros derechos tenemos que seguir trabajando, la mayoría de los que estamos en las manifestaciones somos autónomos que tenemos que seguir trabajando el campo”. Esta prohibición es considera por la HEGA como, “un atentado contra la libertad del derecho de reunión. Esta prohibición atiende a criterios puramente políticos carentes de fundamentos legales, además de usar las sanciones como represión para limitar nuestros derechos”.

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