El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, anunciaba en el pleno celebrado este viernes, de forma inminente, va a pedir reuniones con la Consejería de Agricultura de la DGA y los Ministerios de Agricultura y Hacienda del Gobierno de España, para trasladar en primera persona las reivindicaciones del campo alto aragonés. El pleno de la diputación celebrado este viernes aprobaba por unanimidad una propuesta para apoyar al sector agrícola y ganadero del Alto Aragón. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista reivindicaban su importancia en el desarrollo de nuestra provincia, tanto desde el punto de vista productivo como medioambiental. Como contrapunto los populares votaban en contra de la propuesta socialista que solicitaba a la Diputación que subvencionase a todos los ayuntamientos de la provincia el IBI rústico para que estos, a su vez, no lo cobren a los propietarios, “o lo que es lo mismo: ayudar a agricultores y ganaderos aliviando en parte las cargas que tienen que asumir”. Por su parte el PP instaba a que esta subvención dedicada a sufragar la carga fiscal en el ámbito rústico se financiara por parte del ente provincial y el Ministerio de Interior, a partes iguales.
PETICIONES
Entre los puntos aprobados se contempla pedir al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas que trabajen en la modificación de una PAC (Política Agraria Común) más flexible en el cumplimiento de los requisitos de prácticas agrícolas y ganaderas. Se insta además a las diferentes administraciones a que faciliten una disminución de la burocracia en la gestión de las explotaciones agrarias y ganaderas, que no haya restricciones a la producción, sin antes haber regulado las alternativas que permitan mantener la competitividad a los productos españoles y europeos. Otra de las exigencias, en este caso a Europa, es que establezca un sistema de control de entrada de productos que no tengan la misma trazabilidad que los productos elaborados en la provincia de Huesca. Se exige además al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón y al Departamento de Agricultura de la Unión Europea que, en la toma de decisiones y redacción de normativa ambiental, tengan en cuenta la opinión de agricultores y ganaderos como principales conocedores de la realidad del sector.
La iniciativa aprobada pide igualmente al Gobierno de España la necesaria revisión de los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales y la flexibilización con carácter urgente de las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa. Se le insta además a que trabaje en colaboración con las Comunidades Autónomas en la adaptación de la política de seguros agrarios. Por último se solicita al Gobierno de España que regule legalmente la actividad agrícola y ganadera en zonas desfavorecidas o despobladas para poder tener la consideración de agricultor o ganadero a título principal, por las circunstancias propias de estos territorios.
